El nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Mario López, ha expresado en una entrevista que el gobierno peruano considera que no existe consenso para ratificar el Acuerdo de Escazú y que es mejor segur dialogando. Aunque es válida esta posición, resulta extraño que el gobierno la asuma pues fue este mismo gobierno que en agosto del año pasado, aprobó este tratado y envió al Congreso de la República la sustentación del mismo para su ratificación. ¿Por qué el cambio de parecer? ¿Presión de grupos de poder? ¿Alineamiento ideológico del nuevo gabinete?
Quien conoce como funcionan estos procesos, saben muy bien que este tipo de decisiones pasan por muchos filtros. No son aprobados por el Ejecutivo sin previamente haber escuchado a las partes interesadas. Y hablar de consenso, muchas veces es imposible, es necesario adoptar una posición, sobre todo en temas de tanta avanzada como el medio ambiente y que históricamente han generado tanto rechazo en un sector de la derecha y del empresariado peruano.
Las críticas han girado principalmente en torno a la pérdida de soberanía que el Estado peruano sufriría al ratificar este acuerdo. Resulta fundamental señalar que esto es completamente falso, a continuación dos puntos que permiten comprender la campaña de desinformación que se está orquestando y que el gobierno peruano parece aceptar:
1. Se dice que el Acuerdo de Escazú afecta las decisiones que pueda tomar el Estado peruano en tanto lo obliga a promover la participación pública en el proceso de toma decisiones. Pareciera que empoderar aquella parte de la sociedad civil vinculada con la defensa del medio ambiente -los "principales enemigos de la inversión privada”- genera preocupación. Cabe señalar, que en el proceso de toma de decisiones dentro del Estado participan actores públicos y privados, a través de canales formales e informales. Lo que se trata es garantizar que participen los actores sociales implicados bajo reglas de juego claras. Los grupos de poder también participan, ¿o acaso no creen que la CONFIEP no intenta influir en favor de sus intereses?
2. Se dice que el Acuerdo de Escazú debilita la jurisdicción nacional en relación a problemas de naturaleza medioambiental. En primer lugar, solo se recurre a la Corte Internacional de Justicia de La Haya o un arbitraje Internacional en caso de estar frente a un problema de interpretación o aplicación del tratado entre Estados. Considerando que estos constituyen medios pacíficos de solución de controversias, a los cuales estamos obligados todos los Estados, decidir soberanamente utilizarlos no es una afrenta a nuestra soberanía.
Y en cuanto a los procesos judiciales que implican a privados, estos siguen su curso en el fuero nacional. Más bien, teniendo en cuenta las graves falencias que muestra nuestro poder judicial, el tratado busca promover un verdadero acceso a la justicia y al debido proceso. Irónicamente, el derecho interno permite que un caso relativo al medio ambiente pueda acabar en el Sistema Interamericano de DDHH. Asimismo, no olvidar que en el ámbito de las inversiones, es frecuente que el Estado peruano se comprometa (tal y como sucede en los tratados de libre comercio) a un medio jurisdiccional de carácter internacional para resolver disputas con actores privados, ¿por qué esto no representa cesión de soberanía para los críticos del acuerdo?
Finalmente, la CONFIEP ha señalado en un comunicado que los derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú ya están presentes en la normativa peruana. No obstante, conociendo los cuestionamientos que existen de algunos grupos de poder respecto a los derechos ambientales, el tratado busca consolidar estos derechos y fortalecerlos, evitando su afectación y promoviendo su desarrollo. Siendo en la actualidad uno de los principales temas de debate global el cambio climático, fundamental para el futuro del planeta, este tipo de tratados adquiere trascendental relevancia.
En el mismo comunicado, la CONFIEP también señala que son pocos los países que lo han ratificado. Más allá de lo irrelevante que supone el número -bajo esta premisa, siempre deberíamos aceptar algo una vez que el mundo entero este de acuerdo, y si todos los países tuvieran la misma lógica, nunca cambiaría nada, típico del pensamiento conservador-, la preocupación radicaría en el hecho que el Perú sería el décimo país en ratificarlo, con lo que solo faltaría una ratificación adicional para que el acuerdo entre en vigor; y hacer referencia al Brasil de Bolsonaro como un país que no lo ha ratificado, no es el mejor ejemplo de un país comprometido con la defensa del medio ambiente.
(Ilustración: Cepal)
