El nombramiento del ex primer ministro Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la OEA, ha generado una serie de críticas, vinculadas en su mayoría al papel que tuvo al inicio de la pandemia. Esta designación se ha calificado como una retribución al apoyo brindado al gobierno del presidente Martin Vizcarra, sobre todo considerando los difíciles momentos que ha vivido el país los últimos dos años. 

Pero este tipo de cuestionamientos no son nuevos en nuestro país. En el último gobierno de Alan García, enviar a las embajadas peruanas en Italia y Panamá a personajes que generan tanta división como Rafael Rey y José Barba Caballero, no parece haber sido la mejor decisión. Con Ollanta Humala, la designación de Cristina Velita, ginecóloga de profesión, como embajadora en Francia, fue muy criticada por supuestamente no contar con los conocimientos para ejercer dicho cargo. Y la decisión de Pedro Pablo Kuczynski de nombrar a su vicepresidente Martin Vizcarra como embajador en Canadá luego de ser interpelado en el Congreso por la adenda del aeropuerto de Chinchero, también levantó en su momento muchas suspicacias.

Si bien, el cargo de representante permanente de la OEA ha sido frecuentemente ocupado por embajadores políticos, siendo el caso de Luis Gonzales Posada, Beatriz Ramacciotti, Alberto Borea, Antero Flores-Araoz, María Zavala, Walter Albán y Juan Jiménez Mayor, en diferentes gobiernos de los últimos 30 años, algunos de estos nombramientos no estuvieron carentes de críticas. Por tanto, ¿cuál es el problema de fondo que está detrás de este tipo de decisión, que recae directamente en el presidente de la república?

Más allá del análisis que se puede realizar en cada caso concreto, el mismo que depende la mayoría de las veces de la cercanía o no que se tenga del gobierno de turno, el debate debería girar en torno a si debe existir la figura de embajador político. En principio, puede parecer un contrasentido designar a alguien que no tenga el conocimiento necesario para ser un diplomático, pero es obvio que su designación no está vinculada a su trayectoria ni formación, sino a la importancia política que puede merecer para el presidente de turno. Y si bien, la Ley del Servicio Diplomático (primera disposición final) señala que el candidato a embajador político debe tener “capacidad y versación notoria”, además de “prestar o haber prestado servicios destacados servicios a la Nación”, en la práctica, estos requisitos terminan siendo completamente interpretables.

Cabe afirmar que esta figura se encuentra en la mayoría de los países. Su razón de ser radica en (i) la relevancia que adquiere para un gobierno un país determinado, circunstancia que requiere de un enviado que cuente con un canal directo con el presidente o con alguna razón justificada (como puede ser su cercanía con el régimen del otro país o contar con una red de contactos que permitan llevar a cabo su labor). Un ejemplo de ello, pudo ser el nombramiento de Felipe Ortiz de Zevallos el 2006 en la embajada del Perú en Washington, de gran impacto en el contexto de la ratificación del TLC con Estados Unidos.

Por otro lado, la designación de un embajador político también puede llevarse a cabo (ii) en función de las necesidades propias de la política interna, ya sea en la construcción de alianzas políticas o simplemente como reconocimiento del trabajo brindado por alguna persona en especial. De esta forma, se entiende la designación de Fernando Olivera, líder del partido aliado del gobierno, como embajador en España durante el gobierno de Alejandro Toledo o de Hugo Otero, personaje muy cercano al expresidente García, lo cual lo llevo a ser nombrado embajador en Francia y Chile, en el primer y segundo gobierno del líder aprista respectivamente.

En países como Chile y Colombia, dos diplomacias reconocidas a nivel regional, es una práctica muy frecuente de los gobiernos nombrar a embajadores políticos. En Chile no existen límites, más de un gobierno ha tenido más embajadores políticos que de carrera; mientras que en Colombia, por lo menos el 20% de los embajadores que representan al país en el exterior deben provenir del servicio diplomático, dejando la posibilidad que un 80% sean embajadores políticos. En Brasil sucede todo lo contrario, aunque no está exento de problemas, como fue el intento del presidente Jair Bolsonaro de nombrar a su hijo como embajador en Estados Unidos. En el Perú, el límite de embajadores políticos es del orden del 20% del total de jefes de misión y representantes permanentes en el extranjero, porcentaje que parece razonable y que no necesariamente es utilizado en su totalidad.

Además, más allá del debate que puede generar la persona, como sucede con Vicente Zeballos, han existido nombramientos de embajadores políticos que no generaron crítica alguna, como fue el caso de Julio Ramón Ribeyro en la UNESCO durante el primer gobierno de García o el de Francisco Miro Quesada en Francia durante el gobierno peruposibilista. Incluso, según la Ley del Servicio Diplomático (artículo 19), el nombramiento de los embajadores en situación de retiro entran en la cuota de los embajadores políticos, como han sido los casos en su momento de los embajadores en retiro Allan Wagner, Ricardo Luna y José Antonio García Belaunde.

Por último, negar la posibilidad que una persona que no provenga del servicio diplomático pueda ser embajador, es lo mismo que afirmar que solo un diplomático pueda ser Canciller o solo un militar pueda ser Ministro de Defensa. Si así fuese, Relaciones Exteriores no hubiera tenido la posibilidad de contar con especialistas de primer nivel en el ámbito de la política internacional como Eduardo Ferrero, Diego García-Sayan o Rafael Roncagliolo. Ciertamente tampoco se puede caer en el extremo que termine afectando la profesionalización del servicio diplomático, tal y como sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori (luego de su primer Canciller Luis Marchand, no volvió a tener a otro diplomático de carrera en dicho cargo en toda la década), pero de ahí a afirmar que no debe existir la figura del embajador político, parece ser el otro extremo. Existen nombramientos buenos y otros malos, incluso de embajadores de carrera en el exterior, tal y como sucedió al final del mandato de Humala, siendo muy cuestionados (y rectificados) por el gobierno de Kuczynski. Tratándose de Vicente Zeballos, y a pesar de las válidas críticas a su gestión en la PCM, no solo reúne la experiencia, sino que su cercanía al presidente permiten entender su nombramiento, nos guste o no.

(Ilustración: realidad.pe)