Como toda política pública, la política exterior es resultado de un complejo proceso de toma decisiones en el cual participan diferentes entidades públicas y privadas, siendo el Congreso de la República una de ellas. Pero, ¿cuál es su real importancia cuando se trata de política exterior?
A diferencia de lo que sucede en otros países, en el Perú, el Congreso no tiene un rol de mucha relevancia. En Estados Unidos, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Perú, la Cámara de Representantes de dicho país cumplió un rol fundamental en la etapa final del proceso, logrando cambios sustantivos que fueron incorporados en el documento original. En el caso peruano, el Congreso fue un actor secundario durante las negociaciones. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de la negociación, se reunía con diferentes actores públicos y privados (entre ellos el Congreso) y recibía sus propuestas sobre los temas que estaban siendo negociados. Así de simple. No obstante, hubo un instante en el que el Congreso si adquirió importancia en el proceso, en el momento de la ratificación
Según la Constitución Política del Perú, el papel más importante que tiene el Congreso en materia de política exterior es la aprobación de los tratados cuando se trata de temas relativos con los derechos humanos, la soberanía, la defensa nacional y obligaciones financieras del Estado (artículo 56). En todos los otros casos, el Presidente puede ratificarlos sin la aprobación previa del Congreso, dando solo cuenta a este (artículo 57). Tratándose del TLC con Estados Unidos, el Congreso peruano, en una sesión de 15 horas y ya de madrugada, aprobó el documento. Ese fue su gran aporte.
Además, al igual que como sucede con la denuncia de un tratado (con excepción de aquellos que requieran la aprobación del legislativo) y el nombramiento de embajadores -ambos temas de importancia para la política exterior-, el Ejecutivo puede llevarlos a cabo solo dando cuenta al Congreso. Recordar que el Presidente tiene la atribución de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales (art. 118 – 11).
De todas formas, aunque aprobar un Tratado no es un tema menor (implica comprometer al Estado internacionalmente), la relevancia del Congreso en el proceso de toma de decisiones en política exterior es reducida. Probablemente esto también se puede evidenciar en la poca trascendencia que tiene la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, la presidencia de esta Comisión recayó en sus dos últimos años en el cuestionado congresista Gustavo Pacheco; mientras que, en el lustro aprista, la Comisión fue de repentino interés del fujimorismo, probablemente debido al proceso de extradición de su líder Alberto Fujimori de Chile. Unos años después la Comisión de Relaciones Exteriores busco servir de destino de los presidentes del Congreso que dejaban ese cargo, tal y como sucedió en los periodos 2017-2018 y 2018-2019, pero la intención duro muy poco tiempo.
Luego de todo lo señalado, ¿cómo entender el rechazo del Congreso al Acuerdo de Escazú? En primer lugar, el acuerdo desde antes de su firma el 2018 mereció un intenso trabajo por parte del Ejecutivo de coordinación con diferentes actores públicos y privados. Es evidente que nunca todas las partes van a estar de acuerdo, pero se absolvieron todas las dudas y la crítica demostró ser poco consistente y bastante ideologizada. No obstante, el Congreso peruano actual, asumiendo una actitud populista "en defensa de la soberanía del país", y haciendo eco a la negativa del empresariado y de los sectores más conservadores de la sociedad peruana, decidió archivar la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Cierto es que la Cancillería pudo tener un papel más activo, inicialmente se mostró bastante dubitativa frente a la aprobación de este tratado internacional. Pero es el Congreso el que, desconociendo el interés del Ejecutivo y el liderazgo del Presidente de la República en política exterior, asume un papel que no le corresponde y termina siendo el gran responsable de que el Perú no pueda desarrollar su política exterior en un tema de tanta importancia en la actualidad como es la defensa del medio ambiente. Considerando que el Acuerdo de Escazú es "el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales” (CEPAL), el Perú podría haber liderado un proceso que genera la atención de toda la comunidad internacional. Es más, el Perú pudo haber sido recordado como el país número 11 en ratificarlo, logrando la entrada en vigor del acuerdo, pero eso ahora es imposible.
(Ilustración: cnnespanol.cnn.com)
