En contextos como los que ha vivido el Perú en los últimos días, la comunidad internacional puede tener un papel fundamental. En algunos casos puede ser decisiva, tal y como sucedió en las semanas siguientes al autogolpe de Alberto Fujimori de 1992. El Perú estuvo a punto de retroceder gran parte de avanzado de su reinserción en el sistema financiero, pero la presión internacional llevó al régimen a aceptar una salida “democrática”. Incluso el año 2000, el quiebre de la relación entre Perú y Estados Unidos a raíz de la venta de armas a las FARC (que implicó a importantes autoridades del gobierno, incluyendo al asesor Vladimiro Montesinos), significó la pérdida de uno de los principales sostenes de Alberto Fujimori, y por ende, una de las razones que ayudan a comprender el fin de su gobierno.
No obstante, esto no puede llevarnos a creer que el comportamiento de la comunidad internacional siempre va a ser determinante. La presión que puede ejercer tiene que complementarse con otras acciones, todo lo cual, en su conjunto, ayuda a explicar los cambios o no que se puedan lograr. Por ejemplo, en el caso venezolano, la presión internacional, tanto del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto, no ha tenido el impacto esperado. Cierto que la fractura entre ambos bloques es una variable a considerar, pero también se debe tener en cuenta la débil movilización interna (una población agotada por la crisis económica) y una oposición dividida y, en parte, coptada por el oficialismo. La presión ha llegado a tal punto que varios países han reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, a pesar de constituir un nefasto precedente, mientras que el régimen de Nicolás Maduro sigue ejerciendo el control efectivo del poder.
En la región existe un debate bastante antiguo sobre este tema, que puede resumirse en el derecho que tienen los países de intervenir o no en aquellos países que han sufrido un quiebre del orden democrático. El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ha resucitado la Doctrina Estrada para evitar referirse a lo que sucede en Venezuela (por eso, probablemente, tampoco ha querido hacer referencia a Manuel Merino ni a Francisco Sagasti, más allá de un saludo de la embajada de México en el Perú a las cancilleres designadas en esta última semana). Empero, América Latina ha cambiado bastante en las últimas décadas, y desde el fin de la Guerra Fría, nuestra región ha desarrollado una serie de herramientas, principalmente en el ámbito multilateral, para hacer frente a este tipo de situaciones. Y aunque estas aún son imperfectas, reflejan un interés por evitar que los países de la región puedan verse inmersos en situaciones que alteren la democracia o gobernados por regímenes autoritarios.
En todo caso, la presión que la comunidad internacional puede llevar a cabo contra un país, utilizando herramientas jurídicas y/o políticas, se manifiesta a través del aislamiento del régimen en el ámbito internacional. Esto puede parecer insignificante, pero en la práctica, el hecho que un gobierno no sea reconocido, le resta legitimidad internacional. Y, un gobierno sin legitimidad, es un gobierno con un margen de acción muy reducido en el ámbito externo. Para un país como el Perú, en circunstancias como las actuales de crisis sanitaria y crisis económica, los vínculos que podamos desarrollar para acceder rápidamente a vacunas o generar posibilidades de negocios a nivel internacional, resultan fundamentales.
Por ello, el hecho que la breve estadía en el poder de Manuel Merino solo haya sido reconocida por Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que la mayor parte de países con intereses en el Perú manifestaban un evidente escepticismo respeto a lo sucedido, es muestra de un régimen que no contaba con respaldo internacional. Incluso, la Organización de los Estados Americanos llegó a señalar que había que esperar lo que decida el Tribunal Constitucional, postura que fue secundada por varios países. Por el contrario, la asunción de Francisco Sagasti a la presidencia de la República estuvo acompañada de un rápido apoyo internacional, siendo reconocido y saludado por diferentes países de América Latina, así como potencias mundiales como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. La legitimidad internacional, acompañada de la legitimidad que tiene el gobierno en la sociedad peruana, permite pensar la gobernabilidad del país en términos más positivos.
(Ilustración: radiocutivalu.org)
